La revolución tecnológica provocada por las aplicaciones de movilidad en los centros urbanos es innegable. Plataformas como Uber, 99 y Lyft han transformado profundamente la manera en que las personas se desplazan, ofreciendo comodidad, rapidez y, en muchos casos, accesibilidad a una parte significativa de la población. A través del toque en una pantalla, los ciudadanos tienen acceso instantáneo a servicios que antes requerían más tiempo y planificación, llevando al día a día un nivel de conveniencia que pocos habrían imaginado hace algunos años. Sin embargo, junto con los beneficios proporcionados, la proliferación de estas aplicaciones ha generado una serie de impactos y desafíos, tanto sociales como económicos y ambientales.
Las aplicaciones de movilidad han traído facilidades evidentes. Permiten que una persona, incluso en situaciones de emergencia, pueda solicitar un vehículo rápidamente, sin la necesidad de esperar el transporte público o buscar un taxi disponible. Esto ha sido especialmente útil en ciudades donde la infraestructura de transporte público es limitada o no cubre de manera integral todas las regiones. Además, la posibilidad de pago electrónico, la diversidad de vehículos disponibles y la personalización de algunas opciones de viaje (como la elección de conductores del mismo sexo para mujeres) ayudan a adaptar el servicio a las necesidades de diferentes usuarios.
La popularidad de las aplicaciones de transporte también se explica por el acceso facilitado a información en tiempo real sobre rutas, horarios y precios, lo que le da al usuario la libertad de comparar opciones y tomar decisiones informadas. El efecto práctico de esta conectividad es la flexibilidad que las aplicaciones introducen en la vida cotidiana de las personas. Para aquellos que tienen teléfonos inteligentes y acceso a Internet, la movilidad urbana se vuelve menos limitada y más integrada al ritmo de la vida moderna. Las opciones de vehículos variados, algunas con adaptaciones para personas con discapacidad, ofrecen una alternativa que va más allá del transporte público, permitiendo que más personas participen en la dinámica de la ciudad.
A pesar de los beneficios, la accesibilidad a las aplicaciones de movilidad no es universal. Hay una parte significativa de la población que, debido a la falta de infraestructura tecnológica, no puede beneficiarse de este avance. La exclusión digital es una realidad para muchos ciudadanos de bajos recursos, residentes de áreas rurales y personas mayores, que pueden no poseer teléfonos inteligentes o, cuando los tienen, no contar con acceso constante a Internet. La necesidad de un dispositivo y de conectividad estable crea una barrera de entrada significativa, especialmente en un contexto de desigualdad social acentuada.
Además de la exclusión digital, existe el problema de la exclusión territorial. En varias ciudades brasileñas y alrededor del mundo, ciertas áreas son evitadas por los conductores de aplicaciones debido a una combinación de percepciones de inseguridad y estigmas sociales. Barrios periféricos y favelas, generalmente habitados por poblaciones de menor poder adquisitivo, terminan siendo excluidos de estos servicios. En Campina Grande (PB), por ejemplo, barrios como Conceição, Pedregal y Serrotão a menudo enfrentan resistencia de los conductores de aplicaciones, que evitan esas áreas por temor a asaltos o violencia. Esta situación crea una segregación urbana, limitando aún más el acceso de los habitantes de esas zonas al derecho de circular e integrarse en la ciudad.
Otro aspecto importante, frecuentemente desatendido, se refiere a las condiciones laborales de los conductores de aplicaciones. Aunque el trabajo está formalizado como autónomo, la realidad es que muchos de estos trabajadores enfrentan jornadas largas, ingresos inciertos y la ausencia de beneficios laborales básicos. Los conductores son responsables de todos los costos de mantenimiento de los vehículos, seguros, combustible y gastos generales, quedándose con una parte reducida del valor total del viaje. Esta situación los deja vulnerables a cambios en las políticas de las empresas, como el ajuste de tarifas y las comisiones cobradas.
Esta precarización del trabajo se vuelve aún más desafiante para las mujeres que ingresan en esta actividad, enfrentando no solo las dificultades comunes de la profesión, sino también el riesgo de acoso y violencia. La seguridad en el trabajo y la protección contra los riesgos son cuestiones frecuentemente ignoradas por las empresas, que lucran considerablemente con los servicios, mientras los conductores permanecen en condiciones económicas desfavorables. La expansión del número de trabajadores en el sector, sin la debida regulación, lleva a una competencia exacerbada, en la que los conductores, para mantener un nivel mínimo de vida, terminan trabajando en exceso, lo que impacta directamente en su salud y calidad de vida.
El transporte por aplicaciones también ha generado un impacto directo en los sistemas de transporte colectivo. Con el aumento de la demanda por transporte privado, el número de pasajeros en el transporte público ha disminuido, lo que, a su vez, redujo los ingresos de las empresas concesionarias de este servicio. En muchas ciudades, como Campina Grande, la reducción de la flota de autobuses durante la pandemia fue un reflejo de este cambio en la preferencia de los usuarios, resultando en un debilitamiento del transporte colectivo. Este efecto se agrava por la falta de inversiones en el sector y la ausencia de una integración planificada con los servicios de transporte por aplicación.
La reducción del uso del transporte colectivo tiene, sin embargo, un efecto de mayor alcance. Con menos personas utilizando autobuses y trenes, aumenta la circulación de vehículos privados en las ciudades, lo que contribuye a los embotellamientos, el desgaste de las vías públicas y el aumento de la contaminación. Este fenómeno agrava el impacto ambiental, ya que más coches en movimiento representan un aumento en las emisiones de gases contaminantes, contraviniendo el esfuerzo global por una movilidad más sostenible.
El contexto de las elecciones municipales ofrece una oportunidad única para traer estas cuestiones al centro del debate público y buscar soluciones para la movilidad urbana con una visión más inclusiva y sostenible. Algunas ciudades ya han experimentado alternativas para reducir las desigualdades de acceso y mejorar las condiciones de trabajo de los conductores de aplicaciones. En Araraquara (SP), por ejemplo, la creación de una plataforma pública para gestionar los servicios de transporte por aplicación busca mejorar la remuneración de los conductores y ampliar el acceso de la población. Tales iniciativas representan un camino posible, pero requieren un debate continuo y profundo para integrar las soluciones a los diferentes contextos de las ciudades brasileñas.
Más allá de la creación de plataformas públicas, otras políticas pueden ayudar a promover una movilidad urbana más equilibrada. Entre ellas, están la ampliación del acceso a Internet en áreas periféricas, la distribución de recursos para la inclusión digital y la creación de regulaciones que aseguren mejores condiciones laborales para los conductores de aplicaciones. Desde una perspectiva más amplia, es esencial que la planificación urbana incluya inversiones continuas en el transporte público colectivo, así como en la infraestructura para bicicletas y otros modos activos, que promuevan una movilidad más sostenible y accesible para todos.
Para que las aplicaciones de movilidad se conviertan realmente en una alternativa democrática y eficiente, es crucial que estén integradas en un sistema urbano que valore el derecho de todos a la ciudad. La movilidad urbana no es solo una cuestión de desplazamiento, sino también un derecho fundamental que permite a las personas disfrutar de los espacios públicos, acceder a servicios y vivir la ciudad plenamente. La tecnología puede ser una aliada poderosa en este sentido, pero debe ir acompañada de políticas públicas que garanticen el acceso y la equidad, mitigando los impactos negativos y potenciando los beneficios.
Ciudades como Campina Grande, que son referentes en innovación tecnológica en el Nordeste, tienen un gran potencial para liderar estos cambios. Con una agenda pública integrada, es posible pensar en un modelo de movilidad urbana que promueva la inclusión digital, el acceso a todas las áreas de la ciudad y la sostenibilidad. De esta forma, el futuro de la movilidad urbana podrá atender, de manera justa y equilibrada, las demandas de la sociedad, uniendo tecnología y accesibilidad con una visión que respete y promueva el derecho de cada ciudadano a moverse y apropiarse del espacio urbano.
